Tic tac, se acaba el tiempo: negociaciones al límite a 4 días de que caduquen los ERTE
Quedan tan sólo cuatro días para que finalice el actual acuerdo que hay en torno a los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE). Ante esta situación, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acelerado las negociaciones con los agentes sociales para lograr alcanzar un acuerdo sobre la prórroga de los ERTE y poder llevar el pacto al Consejo de Ministros de este martes.
Así, Díaz ha anunciado este lunes en Santander que los ERTE se prolongarán hasta el 31 de enero de 2022 condicionados a formación para empresas de más de 10 trabajadores. Una solución que no cuenta con el visto bueno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ni tampoco con el de los sindicatos y que complicará las conversaciones entre todas las partes para alcanzar un acuerdo.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que espera que el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre pueda alcanzarse «esta semana». El jefe del Ejecutivo ha subrayado que el número de trabajadores en ERTE se ha reducido en más de 625.000 personas en los últimos meses, aunque hay que tener en cuenta que el fin de la campaña turística de verano supondrá que esta cifra previsiblemente aumente una vez finalice septiembre.
Según fuentes de UGT, el Gobierno les convocó este domingo a una reunión de urgencia en la que el Ejecutivo ofreció, dentro de los ERTE de limitación de actividad, exenciones del 20% para empresas de más de 10 trabajadores que no ofrezcan formación a sus empleados y del 50% si imparten acciones formativas. Para las empresas más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, estas exoneraciones alcanzarían el 50% sin formación y el 70% con formación.
Este nuevo esquema de ERTE entraría en vigor el 1 de noviembre y estaría en vigor hasta el 31 de enero. Entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre se mantendría la regulación actualmente en vigor, ya que la idea es que la prórroga de los ERTE se haga esta vez con dos vigencias diferentes. De este modo, el Gobierno, sindicatos y empresarios volverán a mantener contactos este lunes con el objetivo de intentar cerrar la prórroga con un acuerdo.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado que ve «complicado» lograr un acuerdo sobre una nueva prórroga de los ERTE antes del Consejo de Ministros de este martes, porque «no es muy serio» que el Gobierno les «llame o se presenten los papeles hace dos días», cuando es «un tema importantísimo para miles de empresas». «Hablamos de 270.000 empleos», ha recordado.
Problemas de solvencia
La prórroga de los ERTE está llegando a su fin y con ello, el panorama empresarial vuelve a sufrir las consecuencias de la moratoria en la toma de decisiones que ha supuesto la ampliación en el plazo de presentación de los ERTE. El despacho Abencys, especializado en insolvencias y reestructuraciones, apunta las problemáticas que van a resultar entre las entidades en las próximas semanas e incluso meses, con motivo de esta medida.
Transcurrido el plazo de vigencia de los ERTE, las compañías van a tener que hacer frente a diversas dificultades. En esta vuelta a la realidad, con la reincorporación de la plantilla, las complicaciones para el abono de los salarios, así como los costes sociales de los trabajadores, van a verse traducidos en insolvencias y obligaciones que pueden derivar en concursos de acreedores. Es en el seno de la pieza de calificación del concurso donde la prórroga injustificada de los ERTE puede conllevar consecuencias negativas para los administradores sociales, en tanto pueda entenderse que ha existido un retraso en la solicitud del concurso y/o una agravación de la insolvencia.
En esta línea, Teresa Ezquerra, abogada de Abencys, destaca que «con el fin de los ERTE muchas empresas se van a ver en situaciones complicadas debido al retraso en la toma de decisiones de los empresarios que supuso la prórroga de esta medida que ha enmascarado, en muchos casos, una situación de insolvencia inminente».